Tegucigalpa.– “Hemos manteniendo una buena comunicación con los directores de los centros penitenciarios del país y creo que la administración del Comisionado General Otoniel Castillo Lemus, Director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), ha sido bastante predominante para mantener la paz la tranquilidad evitando las muertes violentas y las masacres que se habían suscitados años anteriores en los recintos penitenciarios del país”, manifestó el abogado Hugo Maldonado, presidente del Comité de los Derechos Humanos (CODEH).

 

“Nosotros como organismos de derechos humanos siempre hemos tenido y hemos tratado de mantener una buena comunicación con las autoridades del INP, y con los cambios que realizó la señora Presidenta Xiomara Castro, el Sistema Penitenciario, está regido por la Policía Nacional”.

 

Recalco, que es importante trabajar de la mano con mecanismos de derechos humanos y declaró, que, si estamos con buenos aliados estratégicos, esto nos dice mucho de la capacidad personal y del compromiso que tenemos para mejorar el sistema de justicia del país.

 

Maldonado, expresó, que “tuve una experiencia el jueves de la semana pasada cuando realicé una visita al Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), cuando en este establecimiento nunca bajaba de 7,000 a 6,000 privados de libertad, y en este momento solo hay al menos 4400 internos”.

 

“Nunca había estado en una cantidad de esta naturaleza y el poder estar de la mano con los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y tratar de tener la paz y la tranquilidad ante veinte mil privados de libertad que están pidiendo justicia en sus recintos es porque el mayor problema de los privados de libertad es que no conocen su situación jurídica”.

 

Aquí tiene que haber un trinomio entre asociaciones de derechos humanos, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y familiares de las personas privadas de libertad, porque el familiar siente la ausencia de cada interno, ya que puede estar ya en su vivienda con su familia etc.

 

Asimismo, hay muchos de ellos en los establecimientos penitenciarios que también pueden estar gozando del beneficio de preliberación, una libertad condicional, u otros que puedan ser puestos en libertad ya sea por su estado de salud terminal o su avanzada edad entre otros.

 

El defensor de Derechos Humanos, ante esta problemáticas de las personas en privación de libertad, exteriorizó, “yo creo que el papel fundamental de los juzgados de ejecución pero deberían ser menos estrictos y un poco más humanistas porque dentro del término estrictez tenemos la mora judicial se ve reflejado en cada uno de los centros penitenciarios y realmente lo que necesitamos del Poder Judicial y de los jueces de ejecución es que sean un poco flexibles y menos rígidos en la aplicación de le ley siempre respetando el sistema jurídico nacional”.

 

Cabe mencionar, que el actual Director del INP, sostiene alianzas con el Poder Judicial a través de los juzgados de ejecución, para hacer la revisión de expedientes y así identificar a quienes se les puede realizar un cambio de medida u otros internos que puedan gozar de otros beneficios.