Autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional sostuvieron una reunión con la coordinadora nacional de los Juzgados de Ejecución del Poder Judicial de Honduras para analizar la posibilidad de impulsar un indulto humanitario dirigido a personas privadas de libertad de entre 60 y 80 años que padecen enfermedades crónicas o condiciones de salud delicadas.

El encuentro fue encabezado por el comisionado presidente de la Comisión Interventora, Coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, junto a los comisionados adjuntos, Coronel de Infantería Erwin Lara Franco y Coronel de Artillería Raúl Alexis Fuentes Borjas, quienes dialogaron con la abogada Sandra Barahona, coordinadora nacional de los Juzgados de Ejecución.

Durante la reunión se abordó la importancia de promover medidas humanitarias para aquellas personas privadas de libertad que, debido a su avanzada edad o a enfermedades crónicas, enfrentan condiciones de salud complejas dentro del sistema penitenciario.

La abogada Barahona explicó que los jueces de ejecución han venido trabajando en una propuesta orientada a identificar posibles casos que podrían optar a este beneficio, especialmente aquellos que presentan enfermedades graves o deterioro avanzado de su estado de salud.

Asimismo, se planteó la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional para evaluar cada situación de manera individual y garantizar que los casos que cumplan con los criterios establecidos puedan ser considerados dentro de esta iniciativa.

Por su parte, el Coronel Gross resaltó la importancia de la reunión para el Sistema Penitenciario Nacional: “Esta reunión representa un paso importante para seguir fortaleciendo la coordinación entre el Sistema Penitenciario y el Poder Judicial, con el objetivo de analizar alternativas humanitarias para aquellas personas privadas de libertad que, por su edad avanzada o condición de salud, requieren una atención especial,
desde el Instituto Nacional Penitenciario estamos comprometidos en aportar los insumos técnicos necesarios para que estas iniciativas puedan ser evaluadas dentro del marco legal correspondiente» apuntó.

Las autoridades recordaron que el indulto es una facultad constitucional que corresponde al presidente de la República, por lo que el trabajo conjunto entre las instituciones busca generar los insumos técnicos y legales necesarios para que esta medida pueda ser analizada dentro de las políticas humanitarias del actual gobierno.