• Las operaciones se realizan de manera simultánea en varios establecimientos.
• Delegados de Derechos Humanos del INP supervisan los traslados.

Comayagüela. El Instituto Nacional Penitenciario comenzó hoy, el proceso de clasificación de los Centros Penitenciarios y de las Personas Privadas de Libertad que serán trasladados y reubicados en los diferentes establecimientos del país.

La acción se realizará tomando en cuenta su condición jurídica, nivel de peligrosidad, genero, arraigo familiar y étnico, personas de la tercera edad, enfermedades e internos que se encuentren en una etapa terminal de su padecimiento y demás criterios técnicos de clasificación establecidos en la normativa nacional e internacional.

Los traslados se desarrollan en el marco del cumplimiento y respeto a los Derechos Fundamentales y Humanos de la población penitenciaria, con los mismos, las autoridades pretenden un mejor desarrollo de los programas de Rehabilitación, Reeducación y Reinserción Social en espacios donde puedan tener armonía, sana convivencia y seguridad.

Clasificación de Centros Penitenciarios

Según la planificación, los Centros Penitenciarios tendrán diferentes categorías, unos albergaran a Personas Privadas de Libertad con sentencias condenatorias menores a los diez años y en otros, los internos con penas mayores, así como por el nivel de peligrosidad y agresividad, si pertenecen a estructuras criminales o al narcotráfico, entre otros criterios.

La distribución se realizará de la siguiente manera: condición jurídica: se identificará y agrupará a la población penitenciaria de acuerdo con su situación jurídica: procesados o condenados y el tipo de cometido. Nivel de peligrosidad: Se evaluará individualmente a cada Persona Privada de Libertad mediante herramientas técnico-criminológicas para determinar su nivel de peligrosidad (mínima, media o alta).

Este proceso será desarrollado por equipos técnicos interdisciplinarios, bajo estricta supervisión de las máximas autoridades del INP, y se informará oportunamente a los órganos judiciales competentes y a los familiares, en concordancia con el debido proceso y la normativa nacional e internacional aplicable.

Solicitamos la colaboración de todas las dependencias involucradas para asegurar el éxito de esta medida, orientada a mejorar la gestión penitenciaria y contribuir a la reinserción social efectiva de las Personas Privadas de Libertad.