Tegucigalpa. Con la finalidad de unir esfuerzos en el fortalecimiento de los programas de Rehabilitación, Reeducación y Reinserción Social de las Personas Privadas de Libertad, autoridades de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario firmaron un convenio de colaboración con la Fundación Solidaridad.

 

En las cláusulas se especifica el trabajo en conjunto estableciendo mecanismos para fortalecer los programas de Rehabilitación, Reeducación y Reinserción Social, así como proyectos educativos, sociales, culturales y de salud. Además de continuar con las acciones de mejoras en las condiciones de vida, entre otras.

 

Las autoridades penitenciarias y de la fundación acordaron, promover y apoyar el emprendimiento de la Población Privada de Libertad, que buscan iniciar su propio negocio para generar recursos económicos para el sustento de sus familias. También, se brindará capacitaciones en distintas áreas.

Apoyo incondicional

 

Desde hace doce años, Inés del Carmen Cuadra de Zablah, Presidenta de la Fundación Solidaridad, ha visitado los centros penitenciarios, especialmente la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), en donde ha colaborado en los programas de Rehabilitación, Reeducación y Reinserción Social de las mujeres en privación de libertad.

 

La intervención del INP comenzó el 1 de Julio del año en curso, en éste corto tiempo las autoridades han logrado restablecer el orden, control y seguridad en los 25 centros penitenciarios del país, generando un ambiente de tranquilidad y armonía para las Personas Privadas de Libertad y sus familiares que realizan visita.

 

Con el propósito de atender y resolver la situación jurídica de la población Penitenciaria se firmó un convenio de colaboración con el Poder Judicial con el cual se revisan los expedientes criminológicos para identificar a las personas que se les puede otorgar beneficios legales, revisión de medidas, entre otras.

 

Como parte del convenio el INP puso en funcionamiento las Salas para Audiencias Virtuales, las que ya funcionan en ocho centros penitenciarios del país.