• A través de las salas para audiencias virtuales, la población penitenciaria será informada sobre el avance de sus casos.

 

Tegucigalpa. En un trabajo interinstitucional en beneficio de las Personas Privadas de Libertad, autoridades de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, Defensa Pública y de los Juzgados de Ejecución de San Pedro Sula, Cortés; sostuvieron una reunión para crear mecanismos legales que garanticen el acceso a la justicia de la población penitenciaria de Honduras.

 

Durante la reunión, se recalco la importancia de utilizar las herramientas tecnológicas como la virtualidad a través de los Juzgados Móviles, habilitados para realizar audiencias virtuales, garantizando el derecho de acceso a la justicia de las Personas Privadas de Libertad, quienes podrán ser entrevistados e informados sobre la condición jurídica de sus casos y explicarles las posibilidades de los beneficios a los que podría optar.

 

El INP y Poder Judicial somos garantes del respeto a la defensa, siendo éste un derecho reconocido por nuestra Constitución de la República, por lo que estos mecanismos se deben utilizar al máximo para llevar el acceso de justicia a todos los lugares del país y más a los entes encargados de impartir justicia, indicaron las autoridades.

 

Por su parte, el Coronel Ramiro Fernando Muñoz, Presidente de la Comisión Interventora del INP de manera respetuosa pidió a los funcionarios judiciales utilizar los mecanismos virtuales para garantizar el derecho de acceso a la justicia y agilización para determinar la condición jurídica de las Personas Privadas de Libertad.

 

El pasado 2 de agosto, el INP y el Poder Judicial firmaron un Convenio Interinstitucional con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las Personas Privadas de Libertad, resolver la situación jurídica de la población procesada y en relación a los condenados, establecer a que tipo de beneficio pueden optar, entre otras.

 

En tres meses, las autoridades penitenciarias han realizado distintas alianzas estratégicas en beneficio de la población penitenciaria del país, entre ellas, la firma de dicho convenio que conlleva medidas de seguridad: al evitar y prevenir planes de fugas, rescates o atentado, asimismo de ahorro, ya que no se debe utilizar gran logística para movilizarse hacia otra ciudad, ya que las salas para audiencias virtuales están habilitadas en el mismo perímetro de los centros penitenciarios.

Como parte del convenio, equipos interinstitucionales del INP y Poder Judicial revisan los expedientes de las Personas Privadas de Libertad, a nivel nacional para identificar a los que podrían gozar de distintos beneficios y programar audiencias para esclarecer su condición jurídica, entre otras acciones legales.