Tegucigalpa. La Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario en coordinación con la Corte Suprema de Justicia a través de la Defensa Pública y Auditoría Penitenciaria, comenzaron con la revisión y análisis de los expedientes administrativos de las personas privadas de libertad que conviven en el Centro Penitenciario de El Porvenir “Siria”, Francisco Morazán, que puedan optar a distintos beneficios judiciales.

 

Las autoridades penitenciarias, indicaron que este trabajo interinstitucional es parte del desarrollo de la estrategia de la Intervención en el Sistema Penitenciario Nacional, con la finalidad de garantizar condiciones dignas, de seguridad y una efectiva rehabilitación de las personas privadas de libertad. Asimismo, se pretende la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

 

Se indicó, que el trabajo consiste en la revisión y análisis de los expedientes administrativos de los privados de libertad que conviven en el establecimiento e identificar quienes pueden optar a beneficios judiciales como ser: libertad condicional ordinaria y excepcional (personas mayores de 70 años de edad), el desinternamiento por fase terminal, prisiones preventivas vencidas, condenas menores de 5 años, condenas de 5 a 15 años de reclusión y posibles candidatos a indultos.

 

El descongestionamiento de los centros penitenciarios es uno de los diez puntos de acción en el Plan Solución Contra el Crimen en el marco de la Intervención al Sistema Penitenciario Nacional, lo que será posible mediante la coordinación de trabajo con el Poder Judicial.

 

Los comisionados interventores, reafirmaron junto al Directorio Estratégico del INP, su compromiso de respeto a las garantías fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las personas privadas de libertad, dada su condición de vulnerabilidad.

 

El pasado 31 de mayo, las autoridades de la Comisión Interventora y el Directorio Estratégico del INP, sostuvieron una reunión con la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando y los magistrados de la Sala de lo Penal para presentarles las estadísticas de las personas privadas de libertad de las cuales se debe definir su condición jurídica.