El Instituto Nacional Penitenciario (INP), en coordinación con el Poder Judicial de Honduras, participó en la Mesa Técnica Interinstitucional para el desinternamiento de los Centros Penitenciarios, un espacio interinstitucional destinado al análisis, seguimiento y fortalecimiento de los procesos legales vinculados a las personas privadas de libertad.
Durante la reunión, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, abogado Wagner Vallecillo Paredes, subrayó la importancia de dar continuidad a las iniciativas que han demostrado resultados positivos, y llamó a consolidarlas, replicarlas y fortalecerlas como parte de un proceso sostenido de mejora institucional.
En la reunión participaron el Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del INP, coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo; los comisionados adjuntos, coronel de Infantería Erwin Lara Franco y coronel de Artillería Raúl Fuentes Borjas; así como representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
El coronel Gross destacó: “Para el Sistema Penitenciario Nacional, esta mesa técnica reviste gran importancia, ya que permite articular esfuerzos interinstitucionales en un tema prioritario como el descongestionamiento de los centros penales, especialmente en aquellos casos analizados de manera conjunta en este espacio”.
Presentan informe sobre casos con posible libertad condicional
En el encuentro, la directora nacional de la Defensa Pública, abogada Fany Salinas, presentó un listado de 71 personas privadas de libertad que podrían acceder al beneficio de la libertad condicional, detallando la situación jurídica de cada caso.
Por su parte, la coordinadora de los Juzgados de Ejecución, abogada Sandra Barahona, señaló que estas mesas técnicas han permitido consolidar “un espacio de cooperación interinstitucional en el que se abordan mecanismos de coordinación para agilizar la revisión de casos, garantizar el cumplimiento de los procedimientos judiciales y fortalecer el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario”.
Asimismo, anunció que próximamente dará inicio el undécimo proceso de enrolamiento, mediante el cual se revisarán aproximadamente 2,800 expedientes criminológicos para identificar casos y brindar una respuesta oportuna a las personas privadas de libertad.
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