Como parte de su estrategia permanente de control y seguridad, autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional ejecutaron una inspección exhaustiva en uno de los módulos del Centro Penitenciario Nacional de Támara, Francisco Morazán, logrando el decomiso de diversos aparatos tecnológicos de uso prohibido.
Durante la operación, que incluyó un registro minucioso en distintas áreas del módulo intervenido, se incautaron televisores tipo plasma, memorias USB, repetidores de señal Wifi, parlantes, tarjetas SIM, cargadores, cableado y otros dispositivos electrónicos.
Según las autoridades, este tipo de equipos representa un alto riesgo para la seguridad interna, al facilitar comunicaciones ilícitas y la posible coordinación de actividades delictivas desde el interior del recinto.
El presidente de la Comisión Interventora del INP, Coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral de vigilancia que se implementa de manera continua en los 21 centros penitenciarios del país, con el objetivo de garantizar el orden, la disciplina y la gobernabilidad.
Asimismo, se informó que los objetos decomisados fueron debidamente asegurados y remitidos a las instancias correspondientes para el inicio de las investigaciones, a fin de determinar su procedencia y posibles responsables de su ingreso al centro penitenciario.
Las autoridades también anunciaron un proceso de depuración a nivel nacional, ante la sospecha de posibles actos de complicidad, reafirmando el compromiso de fortalecer los controles internos y los mecanismos de supervisión.
Con estas acciones, las autoridades del INP reiteran su firme compromiso de mantener el control en los centros penitenciarios, salvaguardar la seguridad de la población privada de libertad, del personal penitenciario y de la ciudadanía en general.
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INP y Secretaría de Educación impulsan ampliación de institutos educativos en centros penitenciarios
Con el objetivo de fortalecer y ampliar la cobertura de la educación formal dentro de los centros penitenciarios del país, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) sostuvieron una reunión de trabajo con la secretaria de Estado en el Despacho de Educación, Ph.D. Ivette Arely Argueta Padilla, junto a su equipo técnico.
En el encuentro participaron el Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, Coronel de Caballería Othoniel Gross Castillo, acompañado por los comisionados adjuntos, Coronel de Infantería Erwin Roberto Lara Franco y Coronel de Artillería Raúl Fuentes Borjas, quienes abordaron junto a las autoridades educativas diversas estrategias orientadas al fortalecimiento del sistema educativo penitenciario.
Actualmente, el sistema cuenta con 10 institutos educativos en funcionamiento, los cuales brindan a las Personas Privadas de Libertad la oportunidad de continuar sus estudios y avanzar en su proceso de rehabilitación. Durante la reunión, se analizaron acciones concretas para ampliar la cobertura educativa mediante la apertura de nuevos espacios de formación a nivel nacional.
Como parte de las propuestas, se contempla la implementación de un Bachillerato Técnico Agrícola, así como la incorporación de talleres de educación artística, con el propósito de fortalecer habilidades prácticas, creativas y ocupacionales en la población penitenciaria.
Asimismo, se destacó la importancia de gestionar donaciones de mobiliario educativo que contribuyan a mejorar las condiciones de aprendizaje dentro de los centros. En ese contexto, se resaltó el valioso aporte de las Personas Privadas de Libertad en la elaboración de pupitres y sillas, los cuales son destinados a diferentes centros educativos del país, evidenciando su contribución activa a la sociedad y su proceso de reinserción.
El Coronel Gross Castillo manifestó que la iniciativa se enmarca en el convenio vigente entre la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación y el INP, orientado a garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental para la población penitenciaria. «Estas acciones responden al mandato constitucional de impulsar políticas públicas que fortalezcan la reinserción, rehabilitación y reeducación de las personas privadas de libertad, facilitando su retorno efectivo a la vida productiva», apuntó.
De igual forma, reiteraron que el fortalecimiento de la educación en los centros penitenciarios constituye una herramienta clave para generar oportunidades reales.
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